Quienes discriminen o agredan a los médicos, enfermeros o
cualquier trabajador sanitario podrán ser condenados con hasta 10
días de arresto o una multa de hasta $ 17.120. Con 55 votos a favor y 3 en contra, este jueves la Legislatura porteña aprobó una ley para
endurecer las sanciones,tras la aparición de varios casos de
escraches de vecinos a médicos y enfermeros en los edificios donde
viven. Ya hubo al menos 15 denuncias por este tipo de episodios,

El proyecto aprobado, que fue presentado el martes por el Ejecutivo porteño, reforma el Código de Contravenciones porteño (Ley N° 1.472). Y define a este tipo de agresiones que reciben el personal de salud o de seguridad como un acto de discriminación igual a los que se cometen por motivos religiosos, sexuales, étnicos o de cualquier otra clase.La nueva ley considera como agravante, y por lo tanto se duplican las sanciones, al ataque que se haga «contra un trabajador de la salud, personal policial o judicial, y la conducta esté motivada en razón de haber estado en contacto con personas infectadas o casos denominados sospechosos de alguna enfermedad contagiosa, o porque su tarea se desarrolla o presumiblemente se desarrolla en espacios donde puede tener contacto con enfermedades contagiosas”.Si se trató de una agresión o una pelea, el castigo puede ser de 2 a 10 días de arresto, de 2 a 10 días de trabajos de utilidad pública o multa de $ 400 a $ 2.000 Si fue un hostigamiento, de 2 a 10 días de arresto o de trabajos comunitarios, o una multa de 80 a 400 Unidades Fijas (que hoy equivalen a entre $ 3.423 y $ 17.120) En el caso de que haya sido un maltrato, de 4 a 20 días de trabajos de utilidad pública, entre 2 y 10 días de arresto o bien la multa de 80 a 400 Unidades Fijas. En la argumentación del proyecto aprobado se señala que «con motivo de la expansión del virus Covid-19 se han venido observando ciertos comportamientos disvaliosos por parte de algunos ciudadanos que evidencian un desapego a las normas de una respetuosa convivencia, orden,tranquilidad y paz social”.

El texto agrega: «En este contexto, la discriminación que sufre personal de la salud, personal policial y judicial, en razón de estar en contacto permanente con pacientes infectados del mencionado virus, como asítambién de otras enfermedades infecto-contagiosas, injuria gravemente su dignidad y evidencia la falta de solidaridad ciudadana por parte de quienes, en lugar de reconocer la grandeza con la que aquellos enfrentan esta dura realidad, los ofenden y aíslan socialmente por esa mera circunstancia”.

A comienzos de abril, y tras la aparición de varios casos, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad denunció a tres consorcios, de Belgrano, Villa Crespo y Recoleta, donde habían sido hostigados médicos y otros trabajadores sanitarios.

«Si sos médico, enfermero, farmacéutico o te dedicás a la salud, ¡andate del edificio porque nos vas a contagiar a todos, hijo de puta! Tus vecinos», decía, por ejemplo, un cartel anónimo que pegaron en el ascensor del edificio donde vive Fernando Gaitán, un farmacéutico que hizo público su caso en redes sociales. Según informó la Defensoría,tras esas primeras dos denuncias agregaron otras dos, y luego se sumaron otras cuatro demandas iniciadas por la Asociación de Médicos Municipales. Además, hubo seis casos de médicos a los que los vecinos o el consorcio les impidieron el ingreso a los consultorios que tenían en diversos edificios. Así, las denuncias hasta ahora suman 15. «En nuestra ciudad no vamos a permitir ningún tipo de discriminación. La modificación del Código Contravencional también es una forma de cuidar al personal de la salud, la seguridad y a cualquier trabajador que haya podido estar en contacto con personas infectadas por el virus», aseguró Agustín Forchieri, vicepresidente primero de la Legislatura. En tanto, Martín Ocampo, legislador de UCR-Evolución y presidente de la Comisión de Justicia, agregó que «esta modificación al Código es todo un mensaje de que no vamos a tolerar ningún tipo de acto discriminatorio hacia nadie». A su vez, la vicepresidenta de la Comisión, Gimena Villafruela, agregó: «A mediados de abril presenté un proyecto de declaración de repudio frente a estos actos de discriminación. Estas personas básicamente pretenden imponer sus propias reglas de convivencia, atentando contra los derechos civiles de los demás»

Fuente: Clarin